Cambio de ubicación de este Blog

La nueva dirección de este Blog es:

http://lacomunidad.elpais.com/custodiacompartida/

Un juez otorga la custodia de dos niñas al padre porque la madre es lesbiana

• El magistrado equipara la homosexualidad a "la condición de toxicómano, pederasta, prostituta, o pertenencia a secta satánica"
• El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha abierto expediente al magistrado por su decisión

EFEMADRID - El Periodico

Un juez de Murcia ha otorgado la custodia de dos hijas al padre porque la homosexualidad de la madre les perjudica y "aumenta el riesgo" de que las menores también lo sean, en un auto en el que señala que la mujer "tendrá que elegir entre sus hijas o la nueva pareja".

El titular del juzgado de primera instancia número 9 de Murcia Fernando Ferrín Calamita acuerda en dicha resolución medidas cautelares mientras se resuelve el proceso de divorcio, como la atribución al padre de la custodia de las hijas y el uso de la vivienda familiar, además de las vacaciones de las menores con la madre, a la que prohíbe salir de esta comunidad. El juez explica que entra a valorar las causas de la ruptura familiar porque "el ambiente homosexual perjudica a los menores" y "aumenta sensiblemente el riesgo de que éstos lo sean", por lo que opina que un progenitor homosexual no puede darles la formación integral a la que tienen derecho.

La presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) acordó el pasado 14 de junio abrir un expediente a Ferrín tras las quejas recibidas por su decisión de otorgar la custodia de las dos menores al padre de ellas menores por la orientación sexual de la madre. Críticas a las leyes"La condición de toxicómano, pederasta, prostituta, pertenencia de uno de los progenitores a una secta satánica, etcétera, entiendo que afecta negativamente a los hijos, al igual que una relación heterosexual del progenitor custodio puede perjudicar a los menores y servir de base para un cambio de custodia; pues lo mismo la de homosexual", señala.

En su argumentación, el juez también expone sus críticas a la ley integral contra la violencia de género, a la que permite los matrimonios del mismo sexo y a la modificación del Código Civil del artículo que regula la custodia, cuya redacción -señala- "fue fruto de un error en la votación en el Congreso del grupo gobernante". Además, plantea que "quizá haga uso en su momento" de su derecho a presentar una cuestión de inconstitucionalidad sobre algunas de estas regulaciones.

Expediente por otro casoPara las asociaciones de mujeres y colectivos de homosexuales el juez se ha extralimitado en sus funciones, por lo que han pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que adopte las medidas disciplinarias que considere oportunas y que envíe una copia de su queja al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para que conozca los hechos. El TSJM ha informado de la apertura de un expediente y ha señalado que este mismo juez ya tiene abierto otro, que se encuentra en periodo de informaciones, relativo a la adopción de una niña por parte de una pareja de lesbianas. Para la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, la actuación de este juez se enmarca dentro de una campaña destinada a "echar abajo leyes sociales progresistas" y opina que la resolución del juez "es un ataque a la democracia desde la judicatura" y lo comparó con el golpe de Estado de 1981 que intentó "secuestrar a los legisladores".

Protesta de 15 colectivosDesde la Asociación de Mujeres Juristas (TEMIS), Altamira González, señaló que aunque ambos progenitores tienen condiciones personales y laborables idóneas otorga la custodia al padre "a causa del lesbianismo de la madre, que equipara a la prostitución, a la pertenencia de sectas satánicas o a actividades delictivas". Para el portavoz de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, Antonio Póveda, la resolución ha sido dictada "desde el machismo" y ha recordado que "la custodia no depende de la orientación sexual". A este acto de protesta se han sumado 15 colectivos, que también han remitido escritos a las asociaciones de jueces mayoritarias para que conozcan el contenido de este auto, cuyo juez pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), según las organizaciones denunciantes.

Una federación de mujeres denuncia que loa abogados recomiendan a las víctimas retirar las denuncias

EFE/Madrid
ABC - 4 Julio 2007
La presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, denunció hoy que los abogados de violencia de género son responsables de que la ley no funcione bien porque "insistentemente" dicen a las víctimas que las denuncias no sirven para nada y las convencen para retirarlas.
En declaraciones a Efe afirmó que "la ley no es responsable de la aplicación que se hace de ella", sino que los responsables de que la Ley Integral contra la Violencia de Género no funcione son los que la aplican, es decir, jueces, fiscales y, sobre todo, los letrados. En relación a los jueces, Ana María Pérez explicó que cuando una mujer retira una denuncia es porque quiere acabar "sin grandes problemas" con una relación "verdaderamente dramática y de continua coacción psicológica".
"Hoy por hoy", consideró, "los jueces ya deberían saber o tendrían que aprender que cuando una mujer retira una denuncia de malos tratos está dando el mayor indicador de que es víctima de violencia de género porque todas las maltratadas temen denunciar, porque están sumidas en un caos psicológico creado por el violento".
"No hay que olvidar que los agresores son seductores natos y unos absolutos falsarios, que cambian sistemáticamente de actitud y pasan de la agresividad mas bestia a llorar y suplicar", dijo.
Esa actitud genera en la mujer una "dependencia total y radical que le hace perder su identidad" y todos estos factores deberían tenerlos en cuenta todos los profesionales que aplican la ley.
Para la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, lo prioritario es garantizar a estas mujeres ayuda psicológica y conseguir el alejamiento físico del agresor "de varios kilómetros" y "sólo después, se puede ir a juicio", subrayó.
En ese sentido lamentó que los juicios rápidos "no favorecen el tratamiento adecuado de estos casos".
Ana María Pérez criticó además la actitud de los jueces que algunas veces actúan mal por desconocimiento pero, "muchas otras, por ideología", y recordó el caso de un magistrado que llegó a decir en un caso concreto que no había malos tratos porque la víctima tenía estudios superiores y ese no es el perfil de las maltratadas.
En cuanto al caso de Vitoria, la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas reclamó una investigación para depurar la actuación de la Ertzaintza, que "explique cuando mintió, si lo hizo y por qué mintió".
Por último reclamó la modificación del artículo 416 de la Ley Enjuiciamiento Criminal, que exime de la obligación de declarar a los parientes de hasta segundo grado de consanguinidad de un procesado, "para que no se aplique en estos casos".
En su opinión, es una barbaridad que aún no se haya subsanado esta situación "porque se hizo para otros casos y para otros tiempos".