Barcelona.-
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) archivó las diligencias que abrió a la jueza decana de Barcelona, Maria Sanahuja, a raíz de la queja presentada por la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas por sus manifestaciones públicas contra la Ley de Violencia de Género.
En su resolución,hecha pública ayer, la Comisión Disciplinaria del Consejo considera que la jueza decana "sea ha limitado a exteriorizar determinadas ideas, que se incardinan en su derecho a la libertad de expresión", por lo que acuerda archivar las actuaciones abiertas a raíz de la queja presentada por la Federación en diciembre pasado.
Las manifestaciones que motivaron la presentación de esa queja fueron las opiniones contra la Ley de Violencia Doméstica que la jueza decana vertió en varios medios de comunicación y que, en opinión de las denunciantes, debería haber sido autorizada a pronunciar al tratarse de una profesional de la justicia.
La Comisión Disciplinaria cree que, siempre que se respete el "deber de sigilo" que se impone a jueces y magistrados respecto a los asuntos que conozcan en el ejercicio de su cargo, esos profesionales pueden, "como cualquier otro ciudadano, mostrar públicamente su postura u opinión sobre los temas que se les planteen".
Informó EFE.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) archivó las diligencias que abrió a la jueza decana de Barcelona, Maria Sanahuja, a raíz de la queja presentada por la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas por sus manifestaciones públicas contra la Ley de Violencia de Género.En su resolución,hecha pública ayer, la Comisión Disciplinaria del Consejo considera que la jueza decana "sea ha limitado a exteriorizar determinadas ideas, que se incardinan en su derecho a la libertad de expresión", por lo que acuerda archivar las actuaciones abiertas a raíz de la queja presentada por la Federación en diciembre pasado.
Las manifestaciones que motivaron la presentación de esa queja fueron las opiniones contra la Ley de Violencia Doméstica que la jueza decana vertió en varios medios de comunicación y que, en opinión de las denunciantes, debería haber sido autorizada a pronunciar al tratarse de una profesional de la justicia.
La Comisión Disciplinaria cree que, siempre que se respete el "deber de sigilo" que se impone a jueces y magistrados respecto a los asuntos que conozcan en el ejercicio de su cargo, esos profesionales pueden, "como cualquier otro ciudadano, mostrar públicamente su postura u opinión sobre los temas que se les planteen".
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