Una federación de mujeres denuncia que loa abogados recomiendan a las víctimas retirar las denuncias

EFE/Madrid
ABC - 4 Julio 2007
La presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, denunció hoy que los abogados de violencia de género son responsables de que la ley no funcione bien porque "insistentemente" dicen a las víctimas que las denuncias no sirven para nada y las convencen para retirarlas.
En declaraciones a Efe afirmó que "la ley no es responsable de la aplicación que se hace de ella", sino que los responsables de que la Ley Integral contra la Violencia de Género no funcione son los que la aplican, es decir, jueces, fiscales y, sobre todo, los letrados. En relación a los jueces, Ana María Pérez explicó que cuando una mujer retira una denuncia es porque quiere acabar "sin grandes problemas" con una relación "verdaderamente dramática y de continua coacción psicológica".
"Hoy por hoy", consideró, "los jueces ya deberían saber o tendrían que aprender que cuando una mujer retira una denuncia de malos tratos está dando el mayor indicador de que es víctima de violencia de género porque todas las maltratadas temen denunciar, porque están sumidas en un caos psicológico creado por el violento".
"No hay que olvidar que los agresores son seductores natos y unos absolutos falsarios, que cambian sistemáticamente de actitud y pasan de la agresividad mas bestia a llorar y suplicar", dijo.
Esa actitud genera en la mujer una "dependencia total y radical que le hace perder su identidad" y todos estos factores deberían tenerlos en cuenta todos los profesionales que aplican la ley.
Para la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, lo prioritario es garantizar a estas mujeres ayuda psicológica y conseguir el alejamiento físico del agresor "de varios kilómetros" y "sólo después, se puede ir a juicio", subrayó.
En ese sentido lamentó que los juicios rápidos "no favorecen el tratamiento adecuado de estos casos".
Ana María Pérez criticó además la actitud de los jueces que algunas veces actúan mal por desconocimiento pero, "muchas otras, por ideología", y recordó el caso de un magistrado que llegó a decir en un caso concreto que no había malos tratos porque la víctima tenía estudios superiores y ese no es el perfil de las maltratadas.
En cuanto al caso de Vitoria, la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas reclamó una investigación para depurar la actuación de la Ertzaintza, que "explique cuando mintió, si lo hizo y por qué mintió".
Por último reclamó la modificación del artículo 416 de la Ley Enjuiciamiento Criminal, que exime de la obligación de declarar a los parientes de hasta segundo grado de consanguinidad de un procesado, "para que no se aplique en estos casos".
En su opinión, es una barbaridad que aún no se haya subsanado esta situación "porque se hizo para otros casos y para otros tiempos".